Si en la próxima década no se toman medidas, el calentamiento global podría ser irreversible, y una de las principales consecuencias será la escasez del agua. A esto hay que añadir el uso desmesurado del agua y su creciente contaminación por la industria, el agro negocio y los centros urbanos. Aquellos países de mayor población y con mayor poder militar, ya están tomando medidas para controlar los recursos del agua a nivel mundial, y deberían considerarse como una amenaza real o por lo menos, una seria advertencia. La vulnerabilidad del agua en nuestros países, debe pasar a ser parte de nuestra seguridad nacional.
Cabe mencionar algunos casos evidentes como el reciente conflicto en Libia que dio control a la OTAN del mayor yacimiento de agua del mundo, el Sistema Acuífero de Piedra Arenisca de Nubia.[1] En las Américas, se podría mencionar la Guerra del Agua en Bolivia del 2000, pero aún más reciente, el caso del control del Acuífero de Guaraní que se extiende a través del espacio fronterizo de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Éste en particular ha llevado a una militarización de la región bajo el auspicio del Comando Sur de los EE.UU., primero en base a rumores de la presencia de Al Qaeda (bajo el gobierno de George W. Bush) y ahora por la presunta actividad guerrillera del Ejército del Pueblo Paraguayo, que según el mismo gobierno de ese país no asciende a 100 personas.[2] Es evidente que hay serios intereses imperiales en el control del agua a nivel mundial, ¿por qué?
Lo cierto es que las crisis alrededor del agua se irán agravando debido a su uso desmesurado y el efecto del cambio climático a nivel mundial. Para todo consumo humano, agrícola e industrial, contamos solamente con un 2.5% de agua dulce disponible (incluyendo ríos, lagunas, agua subterránea y de glaciares). El 97.5% restante corresponde al agua de los mares y la atmósfera. El acceso por país al agua dulce, como lo muestra la Figura 3.1, varía mucho entre países vecinos, y depende mayormente del impacto climático y manejo del agua a nivel local.
Entre algunos de los aspectos más importantes del informe de la UNESCO para los países andinos, cabe destacar la vulnerabilidad de los glaciares y particularmente, los recursos de agua subterránea, las cuales proveen con "casi la mitad del agua para el consumo de la población". Las aguas subterráneas son no-renovables y cada vez más vulnerables a la contaminación. El Centro de Modelos Hidrológicos de la Universidad de California, corrobora esta información al detectar en un estudio satelital junto con la NASA, que el agua de los acuíferos a nivel mundial está disminuyendo en cantidades alarmantes. "La gente está usando el agua subterránea más rápido de lo que puede rellenarse naturalmente," aseguró Matthew Rodell, uno de los científicos del estudio.[4]
Paralelamente, en un informe publicado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) en diciembre 2011, se habla que un 14% de la población en América Latina (71 millones de personas) no tienen acceso a recursos de agua seguros. Y se estima que para el 2025 unos 77 millones de personas más sentirán "estrés del agua", siendo su escasez uno de los principales problemas sociales del continente. El informe concluye, "Todos estos impactos resultarán en serias consecuencias no solamente para los derechos humanos, como el acceso al agua, sino también para los derechos alimenticios, a salud y vida, que los gobiernos deberían tomar en cuenta cuando planifiquen hacia el futuro."[5]
Por otro lado, la degradación de los glaciares debido al calentamiento global, se estima afectará a 30 millones de personas en América Latina, destacando que el 60% del agua para consumo humano de Quito y 30% en La Paz, provienen de los glaciares. A esto hay que añadir la declinación en general de los páramos andinos, que son fuentes importantes de almacenamiento de agua.
En el caso de Ecuador, tenemos como ejemplo palpable la desaparición del glaciar de Cotacachi, que según una investigación afectó directamente a unas 25 mil personas y generó conflictos internos entre las comunidades indígenas, terratenientes y el gobierno.[6] El Proyecto de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del Ambiente (PACC) señala que entre 1997 y 2006, los glaciares ecuatorianos se redujeron en un 27,8%, y admite que lamentablemente Ecuador no cuenta con suficientes investigaciones que indiquen los impactos sociales, económicos y ambientales de las variaciones climáticas, dificultando así, una contundente planificación de prevención.[7]
¿Seguridad Nacional?
En cuanto a seguridad nacional se refiere, varios países ya han empezado a tomar precauciones en lo que ven como una inevitable crisis del agua a nivel global. Entre estos cabe recalcar Estados Unidos, Canadá y China, con una estrategia enfocada mayormente en la administración privada (mediante grandes corporaciones) del agua, con una creciente y peligrosa mercantilización de este recurso vital.
Canadá, por ejemplo, cuenta con una privilegiada situación en cuanto a acceso a recursos del agua (estimada en 20% del agua fresca a nivel mundial), lo que ha generado un intenso debate a nivel nacional sobre su explotación y exportación a países tan lejanos como los del Medio Oriente y Asia. Bajo NAFTA, el agua fue calificada como un modo de inversión, y más de una vez, la sociedad civil ha debido movilizarse para frenar la exportación de grandes cantidades de agua del Canadá.[8]
En el caso de los Estados Unidos (el país de mayor consumo de agua dulce del mundo), el Departamento de Estado hizo público un informe "Global Water Security" (Seguridad Mundial del Agua) donde admite que en los próximos 10 años la crisis del agua creará inestabilidad mundial, particularmente en "estados fracasados en regiones claves" para la seguridad nacional de los EE.UU.[9] El informe prevé que el agua a futuro será utilizada no sólo como una palanca política entre países, sino como un "arma de guerra" donde un país podría suprimir el abastecimiento de ríos y recursos naturales del agua hacia un país vecino.
El agua como "arma de guerra" en realidad se evidencia en el actual control del agua de Israel hacia territorios palestinos, pero para no irse tan lejos, puede verse en legislaciones de 1922 y 1944 de los Estados Unidos, para tomar control de los ríos Colorado y Bravo, generando serísimas consecuencias hasta el día de hoy. Debido a su sobreuso por el agro-negocio del norte, ambos ríos raras veces llegan a su desembocadura (siendo dos de ocho mega ríos a nivel mundial, que se están secando), y esto ha provocado extremas sequías y pobreza en los estados norteños de México.[10]
En el informe del Departamento de Estado, la "solución" para la crisis se enfoca en la mercantilización efectiva del agua (el "agua virtual", como dicen, o aquella agua que se puede capitalizar como producto de exportación), así como impulsar la agroindustria y el control de territorios con recursos acuíferos. A nivel local, se recomienda el desarrollo de políticas y tecnologías para una mejor administración del agua para la agricultura, pero no hace mención de programas de prevención para la preservación de este recurso no-renovable.
En la China, la severa crisis del agua ha llevado a su gobierno a optar por la solución más ambiciosa: la adquisición de tierras en el exterior para la explotación del agua. En este país el sobreuso de agua industrial y agrícola, ha contaminado siete de los ríos más grandes de la China, así como 25 de los 27 lagos principales. Trece por ciento (o 15.3 millones de hectáreas) de las tierras para labranza sufren de sequía. Cuatrocientas de las 600 ciudades en la China, sufren de cortes de agua.[11]
Ya que los sistemas de conservación del agua obviamente han fallado en la China, el gobierno está optando por medidas extremas, entre ellas, el Proyecto de Transferencia de Agua Sur-Norte, para trasladar 3.9 trillones de galones de agua a través de un masivo sistema de túneles y canales, del Río Yangtzé a las regiones sedientas del norte. La segunda opción ha sido una compra agresiva de tierras en el continente africano, principalmente, que contengan recursos de agua. Un informe del Stockholm International Water Institute, afirma que aunque no figura explícitamente en los contratos, se presume que el control del agua está incluido en estas adquisiciones.[12] Otros países, India, de Medio Oriente, y compañías privadas, también están haciendo este tipo de "inversiones".
La recomendación del Instituto es incluir en todo contrato (incluyendo concesiones petroleras o mineras, importante consideración para el Ecuador) estipulaciones específicas sobre el control público del agua y acceso al agua por la población local.
También se debe tomar con cautela organizaciones como el Consejo Mundial del Agua (impulsor del Foro Mundial del Agua) que promueven ante la crisis del agua, soluciones económicas enraizadas en políticas neoliberales. El CMA mantiene que el agua es un bien de mercado y busca monopolizar las políticas internacionales en la administración de recursos hídricos. Esto se puede observar fácilmente en una de sus últimas publicaciones, "Agua para el Crecimiento y Desarrollo de África"[13] donde el presidente del consejo, Loïc Fauchon, asegura que para tener seguridad energética y del agua se debe garantizar "seguridad económica de la producción industrial y agrícola". El documento, en sí, provee con un mapa estratégico para inversionistas extranjeros.
Preservación en vez de restauración
En el Ecuador, la actual práctica del uso renovable del agua es mínima, y hacen falta estudios específicos a nivel nacional sobre los recursos de agua existentes y sus vulnerabilidades. La evaluación más extensa se hizo en 1998, ejecutada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Comando del Sur de los EE.UU. En mayo de 2011, la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) empezó un inventario a nivel nacional de recursos hídricos (para ser entregado a la Asamblea en octubre de 2012), pero existe mucha desconfianza de sistemas y organizaciones comunitarias que dicen no han sido consultados y temen que dicho inventario facilite un mayor número de concesiones en manos privadas.
En todo caso, estas aproximaciones del Estado están enfocadas en la administración de los recursos hídricos y no en su conservación. Como lo verifica Juan Fernando Terán, catedrático de la Universidad Andina, en un estudio sobre la ecología del agua en Ecuador, "Hasta el momento, en Ecuador, los mecanismos de mercado actúan en un sentido contrario a la sostenibilidad de las funciones hídricas de los ecosistemas naturales..."[14]
En cuanto al cambio climático, según el PACC existen diferentes tipos de adaptación: preventiva (antes de que el daño se produzca) y reactiva (después de que el daño se ha producido), privada y pública, autónoma y planificada. Las estrategias de adaptación a nivel local (conservación de cuencas de agua, caudal ecológico de ríos claves, grado de riesgo de contaminación, estrés del uso de caudales para riego agrícola, comunitario e industrial, calidad del agua, captación de lluvia, preservación de ecosistemas como los manglares y páramos, etc.), deben ser consideradas en base a investigaciones exhaustivas sobre nuestra vulnerabilidad como nación y como región. En las especificaciones de la firma de cualquier convenio, por ejemplo, ya sea con un país fronterizo o con una compañía transnacional, se debe incluir la administración de las cuencas de agua.
Finalmente, ya que no somos un país militarizado como Estados Unidos, ni podemos financiar megaproyectos de recaudación de agua como los de China, nuestro enfoque debería ser preventivo en vez de pensar que el agua es un recurso ilimitado o de fácil remediación. Como país sería una falacia concentrar todos nuestros esfuerzos en el desarrollismo extractivista, en vez de generar estudios y políticas para salvaguardar necesidades básicas como el agua.
Fuente: www.ecoportal.net
Escrito por: Sofía Jarrín es una periodista de investigación que ha trabajado para varios medios independientes norteamericanos, como Free Speech News Radio, Z Magazine, Upside Down World, y Democracy Now! En el Ecuador trabajó para ALER Satelital y la Radio Pública del Ecuador.
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