Ciudad Bolívar.-Ante la Fiscalía Superior del estado Bolívar fue introducida la mañana de ayer por representantes del Movimiento Ecológico de Venezuela de la zona, la denuncia por el caso de hechos punibles de acción pública y afectación directa al derecho humano a un ambiente sano y libre de contaminación, la cual gira en torno al derrame de 27.000 toneladas de combustible registrado en la confluencia de los ríos Orinoco y Caroní a finales de enero del año en curso.
Esta denuncia fue formalizada ante la Fiscalía Superior de la entidad por Pastora Medina, Miguel Rivas, directivos del Movimiento Ecológico de Venezuela capitulo Bolívar, y su asesor jurídico Pedro Makso, con la finalidad de marcar un precedente en cuanto a la necesidad de que hagan las investigaciones pertinentes en las denuncias de casos de contaminación ambiental, sobre todo si se ha detectado afectación humana; así como de la necesaria aplicación de las sanciones establecidas para este hecho particular, que aseguraron a pesar de ser ampliamente conocido por las autoridades y la colectividad, sigue sin generar ninguna reacción de importancia.
Pastora Medina recordó que este hecho se suscitó el 29 de enero del año en curso, en las confluencias de los ríos Orinoco y Caroní, específicamente en las inmediaciones de las playas del sector Acapulco, cuando un buque con siglas filipinas Gdansk, propiedad de la empresa Silva Shipping Agency C.A, encalló en el lugar y tras rompérsele uno de sus tanques de combustible hizo el vertido de unas 27.000 toneladas del derivado de petróleo “Fuel Oil” conocido por su alta toxicidad, el cual ha venido generando además de los obvios daños ambientales, algunas afectaciones a la salud y pérdidas a los habitantes de varias comunidades ubicadas en las riberas de ambos afluentes.
Daños específicos
Tales señalamientos estarían sustentados en hechos puntuales como los brotes de enfermedades detectados en los habitantes, especialmente los niños de los sectores Castillos de Guayana, Piacoa, Acapulco y el municipio Casacoima de Delta Amacuro, quienes se han visto afectados por vómitos, dolores de cabeza, cuadros febriles y alergias en la piel, entre otras dolencias que de acuerdo a opiniones especializadas derivan de los miles de compuestos de este agente contaminante como el benceno, el tolueno, xileno, y los hidrocarburos aromáticos poli cíclicos, los cuales inclusive pueden provocar cáncer en la piel.
A esto se agregó la contaminación del acueducto que surte el agua a tales poblados, así como el incalculable daño que dicho derrame viene generando en la flora y fauna acuática, por motivo de su concentración en el lecho de los ríos y sus especies; así como por el largo período de exposición a un agente que se informó fue retirado del lugar a los 12 días del accidente, bajo la mirada permisiva y el silencio cómplice de los entes con competencia en dicha materia, además claro está de la obvia afectación material que conlleva la paralización de la actividad turística, las ventas de artesanías y sobre todo de la pesca.
Aspecto legal
Por su parte, Miguel Rivas, resaltó la trascendencia de los niveles de contaminación que este caso podría generar incluso en aguas internacionales, específicamente en el Océano Atlántico donde desemboca el Orinoco, así como de la falta de respuestas por parte de unas autoridades que a pesar de tener convenios con la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, en materia ambiental, está permitiendo no sólo el registro de este tipo de incidentes, sino que no está velando por la aplicación de las sanciones estipuladas en los artículos 28, 38 de la Ley Penal de Ambiente y el 80 de la Ley Orgánica como tal a la empresa responsable Ferrominera y el capitán el buque involucrado.
Por lo que culminaron aclarando que esta actuación del movimiento ecologista no está orientada a otra cosa, sino a que los responsables de este evento dañoso le responda no sólo a los habitantes de Ciudad Guayana, sino además a los que viven aguas abajo del Delta del Orinoco.
Otras medidas
De no obtenerse ninguna respuesta de las autoridades nacionales, los denunciantes tienen previsto después de solicitar un derecho de palabra en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, elevar el caso ante instancias internacionales para que se haga respetar los convenios existentes en esta materia.
Fuente: nueva Prensa
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